La operación Argenta de la Fiscalía General de la Nación se convirtió en un problema para las bandas crimínales que se dedican a la venta y distribución de juegos ilegales.

Durante años vender rifas, chances o todos tipo de juegos que no pagan impuestos con destino al sector de la salud, se hacía incluso frente a las propias autoridades sin que jueces y fiscales supieran qué hacer con los capturados.

La pandemia generó una peligrosa innovación y propagó la práctica a través de redes sociales y canales de distribución de mensajería de texto de juegos ilegales que crecieron como la espuma en cuarentena el año pasado, a tal punto que se estima que los recaudos por el tributo de esta actividad cayeron hasta en un 40% generando un dañino agujero en las finanzas de las departamentos que son los que sostienen la salud de los habitantes de los territorios.

Anualmente se dejan de percibir en las Gobernaciones de todo el país más de 2.5 billones de pesos según cálculos de Fedesarrollo y Coljuegos, la entidad que vigila a las empresas legalmente constituidas, la Fiscalía tiene indicios de que esos dineros van a parar al bolsillo de las bandas criminales.

La Fiscalía General, preocupada por este fenómeno creciente, se puso a la caza de organizaciones que se dedican a desfalcar a los departamentos y a quedarse con millones de pesos que según las investigaciones “engordan” a los criminales que usan muchas veces estos recursos ilícitos para comprar armas, combustibles robados e incluso narcóticos en un circulo vicioso tan o más peligroso que el mismo narcotráfico.

El ente acusador tomó la decisión de ir tras los bienes de las bandas criminales y en un hecho sin antecedentes aperturó el proceso de la extinción de dominio de las propiedades que les detectaron a estas células que afectan a los ciudadanos en los departamentos de Bolivar, Valle del Cauca, Norte de Santander, Caldas, Risaralda y Quindio.

La Fiscalia afirma que seguirá desarticulando bandas que se dedican a esta actividad e imputará ante los jueces de la República a los capturados que caigan en sus operativos, e incluso acusará a quienes usen los celulares para propagar juegos ilegales, de esta manera este delito se convierte en uno con prioridad porque en muchos casos la acción de los delincuentes ponen en riesgo indirectamente la vida de los ciudadanos, para la fiscalía este ahora es un tema de vida o muerte.